Aestas alturas del conflicto desatado por el riesgo inminente de sepultar bajo escombros, previo asalto policial, el Gaztetxe del barrio Rekalde de Bilbao, Kukutza III, poco más se puede aportar sobre sus virtudes transformadoras. Centenares de personas, personalidades, colectivos y demás lo han puesto de manifiesto estas últimas semanas. Sin ánimo de lucro y con un único objetivo: transformar desde lo cercano, desde lo humilde, mediante asambleas, consenso y autogestión. Ilusión por cambiar aquello que no funciona y que reproduce incesantemente injusticias por donde pisa, este sistema cruel que poco a poco se come lo colectivo, lo público, lo de todos y todas.

Y es en este punto donde me gustaría parar, respirar y reflexionar, en voz alta a poder ser. Sí, señores gestores de lo público (desde el grupo técnico hasta la esfera de lo político), estamos ante un atropello monumental a vuestro trabajo diario, al nuestro, al de Kukutza, al de Rekalde. Porque bien sabéis que, de facto, el Gaztetxe es más vuestro que de una constructora con decenas de subcontratas. Lo digo, porque ante un conflicto como este, debería prevalecer el ejercicio de lo legitimo (el interés colectivo) sobre la imposición «legal» (interés privado). ¿A quién queremos proteger? ¿Para quién gobernamos?

Parece ser que un nuevo poder, el de la propiedad privada, emerge en los últimos tiempos al margen y por encima de los otros (el legislativo, ejecutivo y judicial), ¡si Locke y Rousseau levantaran la cabeza! Pues bien, un poder sagrado que sin escrúpulo alguno pretende arrastrar esa función pública, ese trabajo comunitario que durante década y media ha ido desarrollando este centro social, enterrándolo para siempre.

Una labor cultural que habrá ahorrado incalculables cifras a las arcas públicas, porque Kukutza, ha sido y es también una institución pública, en la medida que significa un equipamiento abierto, indispensable y único en el barrio.

Es, en definitiva, un edificio industrial transformado en patrimonio cultural, patrimonio también del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco, nos guste o no.

También quisiera rescatar un concepto relativamente nuevo, el de la función social de la propiedad, como indispensable balanza para intervenir y tomar medidas en este conflicto, antes de que se enquiste y acabe siendo un problema de orden público de magnitudes claramente desbordables para todas y todos. Creo que la posesión legal del edificio, necesariamente ha de cumplir dicha función, es decir, debería estar sujeta a las necesidades reales de la comunidad o barrio al que pertenece. De lo contrario, el único camino libre de toda culpa es priorizar el proyecto que a día de hoy existe. Rekalde ha dado su veredicto: un barrio con más viviendas vacías que las que pretende construir Cabisa S.A. necesita urgentemente la protección institucional de esos 6000 m2, y si no que se lo pregunten a ellos en referéndum.

Estamos en una época en la que más que nunca, los movimientos sociales ya existentes, así como los nuevos que cobran forma, nos piden medidas concretas que vayan dirigidas a las necesidades de la ciudadanía, no a las del mercado. Por eso, no podemos mirar a otro lado, no existen excusas. Con voluntad y un gran ejercicio de empatía conjunta, busquemos una solución que satisfaga a todas las partes involucradas directa o indirectamente.

Sabéis que es posible. Éste es un conflicto que puede abrir nuevos caminos, oportunidades, para que la clase política y la ciudadanía puedan mirase en el mismo espejo, un precedente histórico que todas podemos rentabilizar. Ánimo, óxigeno y valentía.