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LEGALIZACIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Sortu recurre ante el Tribunal Constitucional el veto a su inscripción

Sortu ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos. Se fundamente en el voto particular de los siete magistrados que discreparon del veto y en la sentencia del TC sobre Bildu.

18/05/2011 8:48:00

DONOSTIA-. La defensa de Sortu ha presentado pasadas las 12.30 en el Tribunal Constitucional su recurso contra el veto del Tribunal Supremo, un día antes de que se agote el plazo de que disponía para hacerlo.

El abogado Iñigo Iruin ha comentado a las puertas del tribunal que el recurso se fundamenta en el voto particular que emitieron siete magistrados que discreparon de la decisión de bloquear la inscripción de la nueva formación, así como en la sentencia del Constitucional que dio luz verde a que Bildu concurra a las elecciones del domingo.

Iruin ha explicado que con el "bagaje jurídico sólido" que contiene su demanda tiene una "razonable esperanza" de que el TC acepte sus argumentos y resuelva a favor de la inscripción de Sortu.

"Hay apartados relevantes de la sentencia del 'caso Bildu' que son de clara aplicabilidad a Sortu", ha manifestado el letrado.

Ha señalado que los casos de Bildu y Sortu "no son idénticos" pues el derecho fundamental que se entiende lesionado es distinto en cada procedimiento –derecho al sufragio pasivo en el primero y violación del derecho de asociación y creación de un nuevo partido en el segundo–, "pero, evidentemente, el punto de partida de ambos procedimientos es el mismo: si hay o no una sucesión de los partidos políticos que fueron ilegalizados, y tanto la Ley de Partidos como la de Régimen Electoral General establecen los criterios de esa continuidad en los mismos términos".

En su recurso, Sortu alega que la prohibición del Supremo "supone una ilegalización preventiva que pone en riesgo al propio Estado constitucional". Recuerda además que el Estado tiene mecanismos para actuar contra los partidos en los que se aprecie "connivencia con ETA" durante todo el mandato electoral.

El Tribunal Constitucional no tiene ningún plazo establecido para pronunciarse.

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