CONTRA LA TORTURA
EA demanda a ayuntamientos y diputaciones que se personen en los casos de tortura
Eusko Alkartasuna presentará iniciativas en todos los ayuntamientos y en las Juntas Generales para pedir que se personen como acusación particular en los casos de tortura y que presten ayuda material o económica a los denunciantes.
11/03/2011 13:09:00
GASTEIZ-. El parlamentario de EA, Juanjo Aguirrezabala, ha explicado que las mociones también incluirán la exigencia al Gobierno español de que aplique el catálogo contra los malos tratos elaborado por Torturaren Aurkako Taldea.
En este decálogo se reclaman, entre otras cuestiones, la garantía a ser juzgado por el juez natural y no por la Audiencia Nacional, la grabación de las detenciones, el derecho a ser atendido por un médico y letrados de confianza y, sobre todo, la desaparición de la incomunicación.
EA ha presentado también este decálogo como una enmienda a una proposición no deley del PNV sobre las recomendaciones del Ararteko para erradicar los malos tratos a las personas detenidas.
En la justificación de estas iniciativas se alude a las últimas denuncias de tortura realizadas por Daniel Pastor, Iñigo Zapiain, Beratriz Etxebarria y Lorena López, detenidos el pasado día 1 en Bizkaia.
Agirrezabala ha subrayado que la incomunicación está "en la raíz de las torturas" y ha dicho que defenderla es "defender" los malos tratos en comisaría.
"Si defendemos los derechos humanos y rechazamos el uso de la violencia tenemos la obligación ética y política de defender también los de las personas presas. También estamos obligados a rechazar y combatir toda forma de violencia, también las torturas porque no cabe denunciar una violencia y cerrar los ojos ante otra, que es lo que hacen el PSE y el PP, que piensan que contra ETA vale todo", ha manifestado.
El representante de EA también ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español por no investigar una denuncia de tortura, condena que se suma a la emitida por el tribunal de Estrasburgo por una denuncia de Mikel San Argimiro.
Este fallo deja claro que la "Justicia española archiva sistemáticamente las denuncias sin investigarlas", lo que supone que, "en tanto en cuanto el Estado no persigue un delito, está favoreciendo su comisión y cooperando con los autores del mismo".
"Lo que pone de manifiesto el Tribunal es que el Estado no combate la tortura, sino que la avala y protege a los torturadores y, las raras veces en que se les condena, les indulta. Torturar sale gratis o al menos muy barato en el Estado", ha denunciado.
Por ello, ha exigido que cada denuncia de torturas vaya seguida de un proceso de investigación judicial "exhaustivo" porque "no puede seguir habiendo impunidad para los torturadores".
