LUXEMBURGO-.  Durante la vista que hoy celebra el Tribunal de Justicia de la UE sobre la cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto a la autonomía fiscal de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, los letrados que representan al Ejecutivo de la UE han insistido en su rechazo a esa autonomía.

 

La cuestión, que ha llevado al Tribunal de Luxemburgo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) es si el Impuesto de Sociedades que aplican estos territorios, más bajo que el del resto del Estado español, es compatible con la legalidad europea, o por el contrario, el dinero que se ahorran las empresas debe ser considerado una ayuda de Estado y, por tanto, ser ilegal. Aunque la iniciativa de acudir al Tribunal partió del TSJPV, Lakua y las diputaciones no la ven con malos ojos. Su confianza aumentó cuando el Tribunal dictó otra sentencia hace dos años, respecto a la fiscalidad de las islas Azores.

En ella, dictaminó que para que las regiones pudieran establecer tipos impositivos reducidos, inferiores a los del Estado en el que se insertan, deberían cumplir tres condiciones.

La primera es que el sistema fiscal debe tener encaje en la Constitución del Estado; la segunda, que el poder regional que apruebe las normas debe tener autonomía para dictarlas, es decir, que no necesite autorización del Estado, y la tercera, que el recorte de impuestos no tenga que ser compensado desde el Estado.

Las instituciones vascas creen que cumple estas tres condiciones, pero la parte contraria alega que no es así, ya que no están claras las relaciones financieras con el Estado.

La Comisión intenta que la UE avance en la armonización de sus impuestos, tarea en la que los Estados ya ponen trabas, por lo que no quiere que además las regiones impulsen sus propios sistemas fiscales.

 

Los abogados comunitarios han subrayado que el Cupo es un "instrumento de solidaridad" y han considerado que está "infravalorado".

 

Han recalcado que estos tres territorios aportan "mucho menos de lo que debería si el Cupo estuviera bien calculado".

 

Además, han hecho hincapié en que el Estado español cubre financieramente incluso algunas competencias que ya han sido asumidas por Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, como las derivadas de la Ley de Dependencia.

 

"Si tuvieran que pagar un Cupo mayor, quizás no podrían afrontar bajadas de impuestos", han apuntado.