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El Supremo admite a trámite la demanda que pide la suspensión de la Ley Sinde
El Tribunla Supremo ha admitido a trámite la recurso en el que la Asociación de Internautas imugnaba el reglamento de la denominada Ley Sinde y solicitaba su suspensión cautelar.
08/02/2012 13:52:00
MADRID-. La sala tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha comunicado a las partes implicadas que admite a trámite la demanda y da diez días de plazo al Abogado del Estado para que evalúe la petición de suspender de forma cautelar el reglamento.
El recurso solicitaba la suspensión de la puesta en práctica de la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, conocida como Ley Sinde, en referencia a la anterior ministra española de Cultura, Ángeles González Sinde.
Esta ley, que entró en vigor en marzo de 2011, incluye el reglamento y la constitución de una Comisión de Propiedad Intelectual, órgano encargado de examinar las denuncias.
La Asociación de Internautas cree que esta comisión establece "infracciones difusas y sanciones sin habilitación legal precisa, creando una notable inseguridad jurídica que pone en peligro derechos fundamentales de los ciudadanos" como las libertades de expresión e información.
La demanda también denuncia que la denominada Ley Sinde contradice sentencias de Tribunal Supremo y del Constitucional al desarrollar leyes como la del Comercio Electrónico, la Propiedad Intelectual y de la Jurisdicción Contenciosa.
Entre los puntos destacados de la norma figuran el bloqueo o cierre en un máximo de diez días de páginas webs desde las que se puedan descargar obras protegidas por derechos de autor, así como la creación de una Comisión administrativa –con funciones de mediación y arbitraje– para dirimir este tipo de conflictos, siempre a partir de denuncias particulares.
Toda petición de cierre o bloqueo de una web tendrá que contar con una autorización judicial, que tendrá 24 horas para aceptar o rechazar la denuncia. Si se acepta, las páginas están obligadas a dar los datos para proceder a la identificación de quienes están detrás de la web en cuestión. Ahí entra en juego la Comisión, quien pedirá la retirada del contenido ilegal antes de 48 horas. Tras estos pasos, el cierre de la web requiere de nuevo autorización judicial, en caso de no haber alcanzado un acuerdo entre las partes.
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