TERREMOTO
La tragedia de Haití pone de relieve el tráfico de menores
El seísmo de Haití ha destapado la miseria de ciertas organizaciones que, en nombre de la "caridad" y del "bienestar", se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de un país, de parte de su población y se saltan la legislación internacional en beneficio propio.
08/02/2010 8:37:00
PUERTO PRÍNCIPE-. La detención de diez ciudadanos estadounidenses cuando pretendían sacar de Haití a 33 menores ha corroborado las voces de alarma de Unicef y Save the Children, que, a los pocos días de terremoto, advirtieron del posible tráfico de niños y pidieron encarecidamente que se paralizaran las adopciones, lo que ya sucedió en Aceh tras el tsunami o en China, después del seísmo de Sichuán.
"Según cálculos del Gobierno haitiano antes de la catástrofe, cada año cerca de 2.000 niños eran sacados ilegalmente del país. La mayoría sufrían situaciones de abusos sexuales y explotación laboral o eran dados en adopciones ilegales. El destino más frecuente era Estados Unidos y Canadá", subraya Roshan Khadivi, de Unicef. Desde el 12 de enero, cuando se produjo el terremoto, el organismo de la ONU ha establecido cinco "zonas seguras" -orfanatos temporales-, en las que los menores reciben comida, alojamiento y apoyo sicológico. "Este sistema fue implementado por primera vez en Aceh tras el tsunami. El 90% de aquellos niños pudo reencontrarse con miembros de su familia", añade.
Louise Fulford, asesora de Save the Children, recuerda que, tal y como aconseja la ONU, en caso de una catástrofe, no se debería autorizar ninguna adopción nacional o internacional en el plazo de dos años. "Este tiempo prudencial nos permite localizar a los familiares. En casi todas las emergencias, se puede encontrar a algún allegado. Pero, ello requiere tiempo. Las agencias humanitarias, entretanto, centramos nuestra atención en los niños no acompañados. La prioridad debe ser mantenerlos dentro de su comunidad, cultura y grupo étnico", insiste.
"La Convención de La Haya da preferencia a la reagrupación familiar. Cuando ésta no sea posible, se considerará la adopción nacional y, en caso de fallar ambas opciones, se barajará la adopción internacional", explica.
Los 33 niños, cuyas edades oscilan entre los tres meses y los 14 años, están bajo custodia del Gobierno en dependencias de SOS Aldeas Infantiles. Su futuro es incierto, ya que está por verse hasta qué punto el grupo baptista Refugio de Niños Nueva Vida, con base en Idaho, engañó a los padres o les ofreció dinero a cambio de su entrega. "La Policía nos dijo de modo extraoficial que pretendían cobrar hasta 10.000 dólares por cada adopción", revela el coordinador de Emergencias de Aldeas Infantiles.
El ministro de Asuntos Sociales, Yves Christalin, tampoco cree en las "buenas intenciones" de esta organización, que quería llevarlos a la República Dominicana. "Es un secues- tro, no una adopción", resalta.
Las denuncias de irregularidades no atañen únicamente a Haití. En un informe publicado en noviembre de 2009, Save the Children señaló que al menos cuatro de cada cinco niños dejados en orfanatos tienen vivo a uno de sus progenitores y que, en algunos países, estos centros se han convertido en grandes negocios. Advirtió de que pocos padres están al tanto de que, al entregar a sus hijos, están renunciando a todos sus derechos.
"Se conoce de instituciones inescrupulosas que reclutan niños para obtener utilidades del tráfico internacional en adopciones. Es un mito que los niños en orfanatos no tienen padres. La mayoría están ahí porque sus padres simplemente no pueden darles comida, ropa y educación. La tendencia está exacerbada por el hecho de que muchos proveedores públicos y privados reciben financiación con base en el número de niños residentes bajo su cuidado. Ellos tienen, por tanto, interés en mantener números grandes de niños", destacó Corinna Csay, autora del informe.
El uso de las nuevas tecnologías y, en especial, de internet han multiplicado los casos de adopciones irregulares. En la web proliferan organizaciones que no siempre cumplen los requisitos marcados por la legislación internacional y de cada país.
En 2003, el Gobierno de Costa Rica advirtió de la proliferación de agencias sin autorización legal ofreciéndose a tramitar la adopción de niños centroamericanos por internet. La voz de alarma la dio un trabajo de investigación realizado por el diario "La Nación". Dichas agencias facilitaban información detallada de los menores, su fotografía e, incluso, historial médico. A raíz de esta publicación, las autoridades descubrieron una red que, desde Guatemala, enviaba bebés a Estados Unidos a través de Costa Rica.
En mayo de 2008, el Gobierno de Guatemala se vio forzado a suspender por un mes la adopción de 2.300 menores por ciudadanos extranjeros para que la Procuraduría General de la Nación confirmara si realmente eran hijos de las personas cuyos nombres aparecían en los papeles. En 2007, el país dio en adopción a más de 5.000 niños, la mayoría a familias de Estados Unidos.
Para poner freno a las denuncias, el Ejecutivo impulsó una reforma que incluyó la creación de un organismo central para vigilar los procesos de adopción, permitiendo operar sólo a agencias acreditadas e imponiendo un sistema de pago transparente.
Hasta ese momento, los intermediarios recibían miles de dólares. "Necesitamos un sistema que garantice la transparencia, en el que la adopción se dé cuando un niño necesita un hogar, y no cuando una familia necesita un hijo", destaca Manuel Manrique, representante de Unicef en Guatemala.
Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, dedicada a ayudar a madres que han denunciado el robo de sus hijos, comparte la misma opinión. "No estamos en contra de la adopción. Nos oponemos al negocio en el que se ha convertido, donde la gente se hace rica vendiendo niños que han sido arrancados de los brazos de sus madres", incide.
Vietnam y Nepal también han estado en el ojo del huracán. En 2008, la embajada estadounidense en Hanoi publicó un duro informe en el que ponía de relieve que tanto los trabajadores de los hospitales como los de los servicios sociales recibieron incentivos económicos de los directores de los orfanatos por cada niño que "conseguían".
El 75% de los padres biológicos entrevistados reconoció haber recibido dinero del orfanato. El pago medio era de unos 240 euros, el equivalente a once meses de salario mínimo. En algunos casos, los niños fueron arrebatados en los mismos hospitales, al no poder sus padres hacer frente a las facturas médicas. En respuesta a este informe, Vietnam suspendió el convenio de adopción firmado con Washington en 2005.
Sobre Nepal, Unicef y Terres des Hommes alertaron del "deficiente" control sobre los orfanatos y las fraudulentas declaraciones de adoptabilidad. Esta situación llevó al Gobierno a paralizar durante 18 meses los trámites de adopción, reanudados el 1 de enero de 2009. El Estado español lideraba la lista de países destinatarios, con unos 700 adoptados entre 1999 y 2009.
Tras la introducción de las reformas, un comité especializado se encarga de escoger entre los menores, cuyos datos son remitidos a los solicitantes. El procedimiento, que se puede prolongar 90 días, sólo se inicia si lo recomiendan los expertos. Anteriormente, quienes deseaban adoptar un niño nepalí acudían directamente a las autoridades del país, pero, tras estos cambios legislativos, es imprescindible pasar primero por una de las 58 agencias internacionales autorizadas, embajadas o misiones diplomáticas.
