PROCESO CONTRA QUINCE AGENTES

Muy pocos casos llegan a juicio y la mayoría de los condenados han sido luego indultados

06/02/2010 10:25:00

Iñaki IRIONDO-. Que una denuncia de torturas llegue a ser debidamente investigada y acabe en condena es una verdadera excepción en el Estado español. Y ello no se debe a la inverosimilitud de las denuncias sino a que, como señalan organismos internacionales, existe una tupida red legal y práctica que actúa como un escudo protector.

El periodo de incomunicación es un tiempo opaco que permite los excesos y la amortiguación posterior de sus evidencias físicas, las técnicas se han depurado para no dejar marcas, el detenido pocas veces ve a sus interrogadores y los expertos han revelado la debilidad de los informes de los forenses de la Audiencia Nacional. Además, los responsables políticos siempre defienden a las fuerzas de seguridad. Y Amnistía Internacional ha criticado también el escaso compromiso de los jueces.

Los ejemplos más conocidos de cómo actúa el manto protector de la tortura en los últimos años son los casos de Unai Romano, cuya cabeza deformada cuando llegó a la cárcel produce pánico, y que fue atribuida a una autolesión; y el de los directivos de "Egunkaria", cuyos relatos no sólo no fueron atendidos sino que acabaron siendo denunciados ellos.

Los procesos se alargan años y años. Según AI, la media en casos relacionados con militantes vascos es de 12 años y 8 meses desde que se producen los hechos hasta la primera sentencia. Desde 1980 y después de miles de denuncias, no llegarán a 40 los agentes condenados por torturas a independentistas vascos. La mayoría de ellos en los primeros años, cuando las técnicas de interrogatorio no eran tan sofisticadas. Pero de esos menos de 40 condenados, 27 acabaron siendo indultados por el Gobierno. Y en otros casos, se ha podido comprobar que varios agentes que habían sido inhabilitados nunca dejaron de trabajar e incluso fueron ascendidos.

En esta década los juicios se cuentan con los dedos de la mano... y sobran. En 1999 hubo condena por el "caso Lasa-Zabala", pero no por torturas, sino por secuestro y asesinato. Otro proceso por la detención de siete vecinos de Zornotza, juzgado en 2001, deparó una condena que revocó luego el Supremo. Y en 2002 dos agentes fueron absueltos de torturas a Sebas Lasa y Alfonso Sebastián. El fiscal no acusaba en aquella ocasión.