DECRETO
Lakua ultima el primer decreto para la reparación integral de víctimas de la violencia estatal
Lakua tiene ultimado el decreto para hacer efectivo el "derecho a la reparación, la verdad, la justicia y dignidad" de las víctimas de la violencia estatal habidas entre 1968 y 1978. Debe también redactar otro para el periodo que va desde 1979 hasta la actualidad. El texto, al que ha tenido acceso GARA, contempla la creación de una comisión de valoración, que "se regirá por los principios de colaboración y eficacia".
19/01/2012 8:39:00
GASTEIZ-. El equipo que lidera la exmagistrada Manuela Carmena tiene ya ultimado el decreto de "declaración y reparación" de las víctimas que la violencia estatal produjo en la CAV entre 1968 y 1978. Otro decreto fijará las condiciones para las víctimas habidas desde la aprobación de la Constitución española hasta la actualidad.
El borrador del decreto, que adelanta hoy GARA, reconoce a estas víctimas de la violencia estatal el derecho a una reparación económica, al conocimiento privado y público de la verdad sobre las vulneraciones padecidas, a la posibilidad de acudir a los tribunales y a la rehabilitación, atención y satisfacción moral.
Una comisión de valoración se encargará de evaluar las peticiones que se le presenten.
El borrador de decreto contempla que su trabajo "se regirá por los principios de colaboración y eficacia", lo que significa que su labor debe ir orientada a ayudar a las víctimas que quieran que se estudie su caso tratando de salvar las trabas administrativas que pudieran alargar el proceso.
La comisión estará presidida por la Dirección de Derechos Humanos y formada por dos expertos reconocidos designados por esta Dirección, otros dos que representen al Parlamento de Gasteiz, un miembro de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo y una persona "nombrada en representación de la sociedad civil".
Sufrimientos injustos
Podrán acceder a los derechos reconocidos en este decreto aquellas personas que entre 1968 y 1978 padecieran "sufrimientos injustos" como "consecuencia de acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración Publica, en sus diversos estamentos".
Se repararán los caso de muerte, gran invalidez, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial y otras lesiones permanentes que puedan ser "debidamente acreditadas".
Tendrán derecho también las personas que en su día iniciaron acciones legales contra los funcionarios causantes de sus daños y hubieran visto rechazada su petición. Y también quienes sufrieran la vulneración de sus derechos en causas que en aquellos tiempos dictatoriales se consideraba delictivas.
Quedan excluidas del decreto las personas que padecieran los daños cuando practicaban o pretendían realizar "cualquier actividad violenta de motivación política".
Un millón de presupuesto
Las compensaciones económicas previstas son de 135.000 euros para los familiares de los fallecidos y cantidades que van desde los 35.000 a los 390.000 euros para los distintos grados de invalidez. Las cifras son muy similares a las recogidas en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 1999, pero es preciso señalar que éstas se han incrementado notablemente en la nueva ley de setiembre de 2011.
En los presupuestos de la CAV de 2012 aparece consignada una partida de un millón de euros para ayudas a "víctimas de abusos policiales", que habrá de ser ampliada a medida que la comisión de valoración vaya acreditando casos.
Los trabajos de elaboración de este decreto y del que abarcará desde 1979 hasta la actualidad están dirigidos por la exmagistrada Manuela Carmena, que fue contratada en setiembre de 2011 como asesora con rango de viceconsejera por el Gobierno de Patxi López. Carmena ha mostrado siempre un gran compromiso social.
Tweet
